PLAZA PÚBLICA
Cassez y Sarkozy

Miguel Ángel Granados Chapa
9 Mar. 09

El artículo 18 de la Constitución prevé el caso de que una pena dictada por tribunales mexicanos sea purgada en el país de origen del sentenciado

Es probable que el gobierno de México acceda al pedido del presidente de la República Francesa -su huésped oficial hoy- de que la ciudadana de esa nacionalidad Florence Cassez purgue su condena de 60 años en su patria. Aunque la solicitud no está incluida en la agenda que regirá el encuentro entre el visitante y su anfitrión, se da por hecho que el asunto será abordado. Y es probable también que la señora Carla Bruni, esposa del presidente de Francia, visite en el reclusorio a su conciudadana encarcelada por el delito de secuestro.

Esos hechos, y el reciente asesinato en la capital del científico francés Christopher Augur, que prestaba su cooperación a la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, imprimen un tono de pesadumbre a la primera estancia de Sarkozy en nuestro país. Los padres de Florence Cassez han sido recibidos en París por Sarkozy y él adquirió el compromiso de abordar el penoso caso.

Florence Cassez, que vivía en México a pesar de contar con estatuto de turista, fue detenida en diciembre de 2005, en una operación de la Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada entonces por el hoy secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La ciudadana francesa y su novio, Israel Vallarta, fueron acusados de secuestrar a la señora Cristina Ríos, su esposo Raúl y su hijo de 11 años entonces, que fueron localizados por la investigación de la AFI. Su liberación fue enmarcada por el despliegue mediático buscado por la AFI: las cámaras de televisión siguieron paso a paso el ingreso de la policía a la casa donde se hallaban la señora Cristina, su hijo y un joven llamado Ezequiel, secuestrado también. El esposo había sido dejado en libertad poco después del 19 de octubre en que se inició el delito, a fin de que recaudara la cantidad a cambio de la cual su familia sería dejada en libertad.

Pronto se supo que la liberación grabada por las cámaras había sido un montaje escenográfico en beneficio de la televisión. La captura de los secuestradores y la puesta en libertad de las víctimas había ocurrido no el 9 de diciembre -como la propia señora Cristina afirma hoy- sino en la víspera, y que la AFI obligó a víctimas y verdugos a protagonizar una escena semejante a la que había tenido lugar 24 horas antes. Aun si la captación de la escena hubiera sido en vivo, en el momento de ocurrir, la irresponsabilidad de la agencia que permitió convertirla en espectáculo no debió ser soslayada. Y obligar a las víctimas a actuar su propia tragedia, aunque se tratara del glorioso momento final, implica una falta de respeto sólo explicable en quien, como García Luna, privilegia las apariencias sobre las realidades.

La señora Cassez, como Vallarta y otros miembros de la banda Los Zodiaco, dirigida por él, fueron procesados. La ciudadana francesa proclamó su inocencia y si bien reconoció su liga con Vallarta, negó que al mismo tiempo fuera su cómplice. Los testimonios de las víctimas, reproducidos en la coyuntura mediática de hoy, permitieron y aun obligaron a dictar una sentencia severa, de 96 años de prisión. Cassez apeló y apenas el lunes pasado se resolvió su recurso a la segunda instancia, que confirmó la pena si bien practicó un sustantiva disminución, que dejó la condena en 60 años. Son muchos, como quiera que sea, y por eso la familia Cassez aprovechó la inminente visita de Sarkozy a México para insistir en su intervención a favor de su nacional.

No parece haber obstáculo legal para que una iniciativa de ese alcance sea obsequiada. El nuevo artículo 18 constitucional es explícito al respecto. Tras declarar posible que un mexicano preso en cárceles extranjeras cumpla en nuestro país la sentencia respectiva, ofrece la fórmula complementaria: "Los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común podrán ser trasladados a su país de origen o residencia, sujetándose a los tratados que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso". Está vigente, por su lado, la Convención sobre la transferencia de personas entre México y la Unión Europea.

Los abogados de Cassez mencionan como una posibilidad el indulto presidencial. Debe excluirse que una iniciativa de esa clase fuera prohijada por el Ejecutivo mexicano. En un ambiente social crispado por la inseguridad, en que el secuestro es uno de sus componentes siniestros, sería insoportable que una persona formalmente considerada responsable conforme a la ley penal de un delito de esa naturaleza recibiera ese favor presidencial y echara atrás la retórica y las medidas efectivas de combate a ese ilícito.

Ante el riesgo de que eso pudiera ocurrir, y aun ante el posible traslado de su victimaria a su país natal, la señora Cristina salió de su retiro en el extranjero, donde se halla desde su liberación, incapaz todavía de dominar los efectos de su traumático cautiverio: dirigiéndose al presidente Calderón en una entrevista telefónica con el diario Reforma, le pide "que no vaya a liberar a una delincuente sólo por un acuerdo político. Si la francesa cometió el delito aquí, que pague aquí".

Debido a que se tramitaba la apelación y se renovaron los alegatos de inocencia de Cassez, su víctima insistió en reconocerla como la mujer encapuchada que se presentaba ante ella y su hijo durante los 52 días del secuestro: "Las autoridades tienen pruebas contundentes que incriminan a la francesa", asegura.

 
 
Cajón de Sastre
 
 
La oposición a que Florence Cassez purgue los 60 años a que está condenada por secuestro en su país de origen, como legalmente es posible, tal vez conduzca a que en sus reuniones del día de hoy el presidente Nicolas Sarkozy se abstenga de plantear el caso al presidente Calderón, pues de lo contrario éste quedará en un callejón sin salida: si se aviene a satisfacer el pedido francés, quedará como sometido a un poder extranjero cuyo gobierno es de la misma filiación política; si niega la repatriación desmejorará la relación entre París y México. Por eso se optará quizá por la vía estrictamente jurídica, en que el Ejecutivo no intervenga, a partir de la petición formal del gobierno francés que ya estudian las autoridades mexicanas. De esa manera la solución que se adopte carecerá del sentido político del que hoy se ha impregnado.