Ajustar cuentas

María Amparo Casar
9 Feb. 09

Producto de una ley electoral cuyos vicios están opacando los aciertos, las elecciones han comenzado de la peor manera. Todos los actores están empeñados en cargarse una democracia electoral que aunque requería ajustes estaba funcionando relativamente bien. Compárense si no el número e intensidad de conflictos con que iniciaron las elecciones de 2003 y 2006 con los que ya ha producido ésta. ¡Y los que faltan!

Ahora fueron las televisoras con una conducta que muestra su poder, los recursos a su alcance y la determinación de desafiar una legislación que les es adversa sin reparar -o reparando pero sin importarles- en las consecuencias.

Desgraciadamente y aunque esto no los exime de responsabilidad, no son los únicos. El resto de los actores están jugando el mismo juego: el de erosionar la de por sí ya desprestigiada política y las de por sí ya débiles instituciones y prácticas democráticas de este país. Cada uno con sus fichas. Cada uno desde el coto de poder que le fue asignado. Cada uno desde su monopolio. Cada uno tentando a la autoridad.

Lo hacen el PT y Convergencia traspasándole los tiempos de Estado que les corresponden al movimiento social de AMLO, lo hacen autoridades electas del PRI, PAN y PRD poniendo cintillas electrónicas, espectaculares de "clones" en el Periférico o haciendo galletas en la TV. Lo hacen los partidos -todos- cuando simulan precampañas que no lo son. Y se puede seguir... Lo hacen los legisladores lavándose las manos y declarando que el pleito es entre IFE y televisoras.

Pero con todas sus imperfecciones, incluso con todas sus aberraciones, las elecciones de 2009 se tendrán que jugar con el marco electoral vigente. Por ahora no queda más que llamar a la concordia y a la responsabilidad, resolver los diferendos a través del diálogo y sancionar el incumplimiento de la ley. Hacia el futuro hay mucho que hacer.

Los senadores en funciones y los nuevos diputados deberán sacar su cuaderno, ir anotando cada una de los yerros y lagunas que se han hecho evidentes y pensando cómo solucionarlos.

Van cinco que surgen de la experiencia de los escasos 15 días que han corrido desde que comenzó el proceso.

Acabar con la simulación de las precampañas. Nos dieron gato por liebre. Nos dijeron que las campañas se reducirían a 60 días pero los 40 días que duran las precampañas no son más que campañas disfrazadas. Máxime cuando la gran mayoría de los candidatos serán designados por dedazo o en asambleas en que sólo se presentarán candidatos de unidad. Francamente no se ve por ningún lado el que los precandidatos se estén dirigiendo "a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados" (Cofipe, artículo 212). Para lo que ha servido el invento de las precampañas es para justificar el traspaso de 18 y 30 minutos de los tiempos en radio y TV a los partidos y al IFE. Mientras se corrige esta aberración el IFE puede decidir no utilizar sus 30 minutos y reducir su innecesaria sobreexposición que lo último que hace es promover la participación, confianza o aprecio por la democracia.

Acabar con los excesivos 48 minutos diarios o 23.5 millones de spots, agrupar la propaganda política en tres barras -matutina, vespertina y nocturna- cada una de 3 o 4 minutos. Esto permitiría a los ciudadanos la libertad de ver o no la propaganda antes o después de concluido su programa favorito. El exceso al que nos están sometiendo parece más un intento de adoctrinamiento autoritario que de socialización política democrática. Mientras tanto, y cumpliendo con la ley actual, lo que cabe es acordar las pautas que menos afecten la libertad del ciudadano y la planeación de los tiempos comerciales de las radiodifusoras.

Junto con ello, acabar con la falacia de que las campañas se abarataron sensiblemente y reducir aún más el costo de la democracia. Es cierto que disminuyó el monto que se les entrega a los partidos, que las elecciones intermedias costarán menos que las presidenciales y que a los medios no se les impuso más tiempo del que ya estaban obligados a entregar. Pero si de contabilidad se trata, al costo de las elecciones se le tendría que imputar el costo monetario de ese tiempo que antes se compraba y ahora se regala. De ese tamaño debería ser la reducción de recursos que reciben los partidos. Mientras tanto, bien harían los partidos en dar una señal de austeridad.

Lo que es más, acabar con los tiempos de Estado. En lugar del pago en especie las empresas de la radio y TV deberían pagar impuestos "normales". Con lo recaudado los poderes y los partidos comprarían los tiempos necesarios para su propaganda. Así, de paso, se transparentaría el gasto real en publicidad política y podría ponérsele topes.

Como en la mayoría del mundo, abrir la televisión a la competencia y regular su funcionamiento en atención a su influencia. Si las televisoras han acumulado demasiado poder la manera de limitarlo no es a través de la ley electoral sino de las inadmisiblemente pospuestas reformas a la Ley de Telecomunicaciones, de Radio y Televisión y de Competencia.

Total, se necesita ajustar cuentas. Sí, pero con la nueva ley electoral y con los actores, todos, que se empeñan en repudiarla y desprestigiarla, no con la democracia.