Elecciones en crisis

Ezra Shabot
6 Feb. 09

Con el arranque de las precampañas y eventualmente con las campañas mismas se presenta un escenario de definición temática sobre aquellos asuntos que tendrían mayor peso en el debate nacional. Sin duda, el problema del empleo y la inseguridad serán los principales rubros a tomar en cuenta por parte de los partidos políticos. En ambos casos se trata de temas recurrentes frente a los cuales es difícil pensar en una forma distinta de abordarlos de aquella que ha sido utilizada por el gobierno federal y el de los estados.

La guerra contra el crimen organizado no tiene otra alternativa que la negociación de un "cese de fuego" entre criminales y gobierno, como una forma de reducir temporalmente el derramamiento cotidiano de sangre. Esto serviría únicamente para bajar la intensidad del combate y permitir a los narcos rearmarse y reorganizarse para futuras acciones de mayor envergadura. La sensación de un momento de paz en el país podría redituar positivamente para el partido en el poder, pero la consecuencia inmediata sería una pérdida real de la capacidad de reducir el margen de maniobra de los delincuentes. Sería perder parte de lo logrado, en aras de hacer percibir a la población un irreal estado de tranquilidad en el país.

El riesgo aumenta ante el terror que provoca la posibilidad de ver elegidos a representantes del crimen organizado en la Cámara baja, sin que haya forma de evitarlo. El compromiso de los partidos para evitar esta situación es tan frágil como el resto de sus promesas de campaña. El peso del dinero y la capacidad operativa del narco han quedado demostrados en los ejemplos de infiltración en los altos niveles de los aparatos de seguridad y sin duda en ciertos espacios políticos en los estados. El problema es mayor si se piensa que es la Procuraduría General de la República la encargada de realizar las averiguaciones y eventuales consignaciones de candidatos presuntamente involucrados en ilícitos.

Esto implica que una instancia dependiente del Ejecutivo es la encargada de la vigilancia de los candidatos a diputados, con las implicaciones que esto tiene en términos de la autonomía e imparcialidad de las investigaciones. Cualquier acusación a un candidato opositor será considerada como una venganza política del primer mandatario o del partido en el poder, lo que complica seriamente el mecanismo de blindaje establecido. Sin duda que la responsabilidad de supervisar que el narco no intervenga en la elección de julio recae más en las direcciones de los partidos que en la PGR como instrumento persecutor.

El otro tema claramente electoral es el del empleo. Y es ahí donde la crisis económica golpea seriamente las promesas del presidente Calderón, en un momento en donde la pérdida de trabajos es la constante en México y en el resto del mundo. Es cierto que resulta imposible culpar al gobierno de un fenómeno cuya responsabilidad es totalmente externa, pero cuyas consecuencias sociales y políticas golpearán la credibilidad interna del régimen. Sin embargo, las alternativas que pudiese plantear la oposición tendrán que combinar la propuesta de un proyecto de expansión económica con la realidad limitante de contar con recursos reducidos para llevarla a cabo.

El programa de emergencia anunciado por Calderón, cuyo objetivo es gastar más, con mayor rapidez y eficiencia, tendrá que ser perceptible a la población en estos días para que pueda representar un activo político electoral. Si el aparato burocrático y la normatividad existentes siguen entorpeciendo el ejercicio del gasto, el daño a la credibilidad del partido en el gobierno será aún mayor. A esto hay que añadirle el hecho de que los recursos en manos de los gobernadores no son ejercidos con los mismos controles que se le imponen al gasto federal, sino que su discrecionalidad es tal que prácticamente pueden disponer del dinero sin rendir cuentas a nadie.

Si tomamos en cuenta que la mayoría de los gobernadores pertenecen al PRI, entonces podemos concluir que este partido posee una ventaja electoral significativa frente a un panismo que, siendo dueño del Poder Ejecutivo, no puede explotar esta situación en su beneficio por carecer de los instrumentos adecuados para gastar con eficiencia los recursos asignados por el Congreso. Empleo y seguridad son los temas que serán el centro del debate y la propaganda electoral con la intención de obtener el voto del ciudadano el próximo 5 de julio.