El uso de la fuerza

Ezra Shabot
23 Ene. 09

La teoría del Estado moderno le atribuye a esta entidad el monopolio legítimo de la violencia. Los Estados democráticos buscan reducir al mínimo la utilización de mecanismos coercitivos para instrumentar las decisiones aprobadas por las mayorías a través de sus instituciones representativas. Pero la fuerza, como arma disuasiva encaminada a evitar los abusos de individuos o grupos que actúan fuera de la ley, sigue siendo un recurso indispensable para gobernar y evitar la disolución de una sociedad con intereses y demandas a veces irreconciliables.

En México la tradición autoritaria de la Revolución Mexicana y de los regímenes emanados de la misma hizo del uso de la fuerza por parte del Estado un elemento ilegítimo, sinónimo de la represión y de falta de canales de comunicación política con la sociedad. El fantasma del 68 y de la guerra sucia de los setenta se presenta como el argumento principal para condenar cualquier acto de gobierno que utilice la fuerza pública, incluso dentro del marco legal autorizado. Así, la democracia mexicana, construida sobre los cimientos de un régimen autoritario no desmembrado, aparece atada de pies y manos frente a individuos y organizaciones de todo tipo que, escudándose en el recuerdo de la represión ejercida en el pasado, son capaces de chantajear con éxito a las autoridades correspondientes.

Desde plantones de organizaciones diversas que entorpecen la circulación vial y someten a miles de automovilistas a un secuestro temporal, hasta delincuentes de cuello blanco con poder en los medios de comunicación y que cuestionan como represiva cualquier medida que tome la autoridad, el ejercicio de la fuerza legítima del Estado queda limitado no por las leyes que lo contienen, sino por el poder desmedido de grupos prepotentes y conscientes de la debilidad del gobierno en el ejercicio de la violencia jurídicamente sustentada. Si en nombre de la democracia, la política y la negociación, el Estado pierde su capacidad de disuasión a través del uso de la fuerza, esta institución termina por perder toda capacidad de actuar en defensa de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto.

Esta definición del Estado mexicano como un "Estado desarmado" es lo que ha conseguido debilitar las instituciones frente a organizaciones expertas en el chantaje político y económico, e incluso ante el crimen organizado. En la guerra contra el narcotráfico, declarada por Felipe Calderón desde diciembre del 2006, la muerte de más de 5 mil personas es cuestionada por algunos como una demostración de la brutalidad y de derrota ante los delincuentes. Las escenas de decapitados, y en general de las víctimas de esta guerra, son criticadas por algunos por representar la antítesis del Estado desarmado y por lo tanto no represor.

Estos críticos quisieran ver desaparecer el narcotráfico por arte de magia o como consecuencia de una negociación en donde los criminales aceptaran dejar su ilícito negocio a cambio del privilegio de no ser detenidos por sus actos anteriores. Hay otros que intentan plantear la teoría de la "guerra limpia", en donde las autoridades deberían aprehender a los narcotraficantes sin ocasionar bajas, ni en los aparatos de seguridad del Estado ni en los mismos criminales. Algo así como "el Estado perfecto desarmado". Es esta la percepción de aquellos que desde la comodidad de su hogar, sin ensuciarse las manos y protegidos de los actos de los delincuentes, asumen el discurso de la "pureza de las armas".

Sus argumentos son similares a los de aquellos que en la lucha contra el terrorismo quisieran ver desaparecer este terrible fenómeno a través de medidas de orden político y de "inteligencia" sin violencia, para seguir viviendo en el mundo mágico del consenso sin coerción. No quiero decir con ello que el ejercicio de la violencia dentro del marco legal establecido garantiza el triunfo del Estado frente a sus detractores. Pero un Estado democrático carente de la fuerza necesaria para enfrentar las acciones de individuos y organizaciones que actúan fuera de la ley termina por disolverse y convertirse en una entidad en manos de delincuentes o terroristas que someten a la ciudadanía a la violencia indiscriminada y que, por supuesto, son incapaces de garantizar la seguridad de la sociedad en su conjunto.

Si el Estado es la coerción revestida de consenso, el Estado mexicano debería recobrar su legítimo derecho al uso de la fuerza para terminar con la impunidad que hoy es el peor de los males que aquejan al país.