Carmen Aristegui F. / Justicia en Oaxaca

Reforma

(16-Ene-2009).-

Hace más de un año conocí la historia de Leticia Valdés. Mujer joven, madre de un pequeño de escasos 5 años que fue violado, agredido sexualmente y probablemente grabado o fotografiado en el Instituto San Felipe de la capital del estado de Oaxaca.

Después de varios días de recibir a su niño, de manos del colegio, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos se encontró con las evidencias de la violación sexual a la que estaba siendo sometido. Al auxiliar al pequeño en la limpieza, después de evacuar en el baño de su casa, se percató horrorizada de que lo que había expulsado el niño era líquido seminal. El doctor Isaías Valdés, abuelo del niño y médico de la localidad, guió por teléfono a la madre para conservar la evidencia de forma apropiada para presentarla como elemento clave en una investigación. Así lo hizo, y emprendió, a partir de ahí, una larga y fatigosa tarea para denunciar a los responsables de la violación de su pequeño hijo.

La señora Valdés, decidida a que los hechos que dañaron a su hijo no queden impunes y a que lo que le ocurrió al pequeño no le ocurra a nadie más, ha recorrido el tormentoso laberinto de la -llamémosla de algún modo- justicia oaxaqueña. Después de un año de no hablar con ella me he vuelto a encontrar con la señora Valdés y he podido repasar el caso. La revisión del caso nos muestra, nuevamente, las irregularidades cometidas durante el tortuoso proceso judicial, encabezado por el juez tercero de lo penal en Oaxaca. Se puede observar cómo, desde el principio, el caso no siguió el curso imparcial de un proceso judicial sino que se distorsionó desde el momento en que los copropietarios del instituto, Gabriel Hugo Constantino García, presunto pederasta prófugo, y su esposa, Yolanda León Ramírez, contaron con la defensa del abogado Jorge Franco, a la sazón parte del grupo político del gobernador Ulises Ruiz, quien ha tenido -según las narraciones- a la Procuraduría de Justicia del Estado literalmente a su servicio. El caso de la señora Valdés y su pequeño hijo es un botón de muestra de la inoperancia política y judicial que padece este estado de la República y que ha quedado acreditada a raíz del conflicto social y político que generó la revuelta popular con más de 20 muertes en el estado aún sin esclarecerse, entre otras muchas anomalías que invaden el "caso Oaxaca". Asunto que, por cierto, se encuentra siendo revisado por el máximo tribunal de la Suprema Corte de Justicia. Es de esperarse que este año la Corte se pronuncie sobre el asunto y emita una resolución que pueda condenar la impunidad que ha marcado este conflicto. Junto a este tema que involucra factores múltiples y alcanza una gran repercusión social, sería deseable que se trajera a esta revisión amplia de la situación en Oaxaca también -aun de forma colateral- el caso de la señora Valdés y su pequeño hijo como una evidencia más del profundo problema que padece el sistema de justicia del estado. Máxime que la misma Suprema Corte conoce del caso, una vez que la señora Valdés logró la intervención de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien promovió la revisión del caso del Instituto San Felipe. La Corte atendió el asunto y se pronunció al respecto con una serie de medidas que no han sido debidamente atendidas, según señala la señora Valdés, quien acusó directamente al juez tercero de actuar bajo la consigna del gobernador Ulises Ruiz.

Por lo pronto, este caso -que ha tomado notoriedad en algunos medios de comunicación- ha dado un nuevo giro. Ya no sólo cuenta el instituto y estas personas con una defensa estrechamente cercana al gobernador Ruiz, tan cercana como que ha formado parte activa del grupo político del mandatario con cargos en la Secretaría General del estado y la suplencia como senador cuando Ruiz ostentaba ese cargo antes de ser gobernador. Esta situación, de suyo grave por la violación de un menor, arroja también información sobre posibles abusos a otros niños del mismo instituto y la posibilidad de la existencia de una red o algún otro tipo de organización dedicada al abuso de menores y pornografía infantil. Hay referencias, en los testimonios, de la existencia de cámaras, por ejemplo, en el lugar en donde el niño refiere que hubo las violaciones.

El punto es que, más de un año después, este caso que por extrañas razones ha movilizado una gran cantidad de recursos tanto económicos como políticos del entorno del gobernador Ruiz, ahora cuenta con una defensa reforzada. Han sido contratados -nada más ni nada menos que- los servicios del despacho de abogados que encabeza José Luis Nassar Daw -hijo del tristemente célebre Miguel Nassar Haro- y cuyos servicios de defensa, según se sabe, implican fuertes erogaciones a quien los requiere. ¿Por qué se despliegan tantos recursos en torno al caso del niño de Oaxaca? ¿Acaso la madre, con su activismo y constancia, se acerca a algo que no conviene que sea revelado?