¿Acuerdo?
Por María Amparo Casar

A las cosas por su nombre. El Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo planteado por el Presidente no es un acuerdo ni un pacto. Es un programa de 25 acciones a las que se compromete el Ejecutivo con el fin de superar con mayor rapidez los efectos de la crisis mundial.

Los acuerdos o pactos son instrumentos poderosos y efectivos cuando tienen objetivos, concitan voluntades y se traducen en acciones. Un pacto o un acuerdo consiste de medidas convenidas por dos o más actores para enfrentar una situación o para lograr un propósito común. Un acuerdo tiene siempre un ingrediente de reciprocidad: "si tú te comprometes a hacer x cosa yo haré otro tanto". Un pacto implica adquirir compromisos, sacrificar opciones deseadas por otras que se juzgan necesarias aunque vayan en contra de mis intereses inmediatos. Un pacto significa posponer bienestar presente por satisfacción futura. Al acuerdo lo definen las acciones, no las ceremonias, mucho menos los discursos.

La mera presencia de actores distintos al Ejecutivo federal no hace del Acuerdo un acuerdo. Muestra la capacidad de convocatoria que tiene el Presidente pero no mucho más. En Palacio Nacional se le vio muy acompañado. Fue un ceremonial lucido. En su tarea de enfrentar la crisis no se le ve acompañado. Se le ve solo.

Es cierto que "firmaron" el acuerdo 29 gobernadores, representantes del sector patronal como la Concamín, la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, líderes sindicales y agrarios, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Es cierto también que atestiguaron la firma, el presidente de la Corte, el empresario Carlos Slim y los líderes del PAN y el PRI. Pero, ¿qué hubiera cambiado si no lo firman o no lo atestiguan? Nada. Ni los unos ni los otros se comprometieron a nada. Salvo que una declaración como la de "mantener estable hasta el máximo posible la plantilla laboral" se considere un compromiso con algún viso de seriedad, ya no se diga de obligatoriedad.

Cuando el presidente Calderón inicia su discurso diciendo que los ha convocado "para que asumamos un compromiso común con las familias mexicanas, con los trabajadores y con México" en razón "de una de las crisis económicas más graves que se hayan visto en las últimas décadas" lo que seguía era el anuncio de las medidas a las que se comprometía cada sector. No lo hubo. Lo que se nos anunció es lo que está dispuesto a hacer el gobierno federal. Bueno, y la esperanza de que "más adelante conoceremos los compromisos que habrán de establecer los diversos actores que suscriben este documento". Esto no es un acuerdo.

De parte de los legisladores y de los sectores productivos hubo aplausos, algunas declaraciones favorables pero, sobre todo, más peticiones: detener los aumentos al diesel, bajar el precio de la gasolina y suprimir el Impuesto Especial a Tasa Única (IETU).

El Presidente tiene razón. La magnitud de la crisis, la pérdida de empleos, la reducción de las remesas, los menores ingresos producto de la baja en los precios del petróleo, la inflación mayor a la prevista, el ajuste en las perspectivas de crecimiento y la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos ameritan que todos los convocados asuman un compromiso común con las familias mexicanas, con los trabajadores y con México. Pero compromisos, salvo los del Ejecutivo federal, no vimos. Más aún, mientras el senador Beltrones convoca a un foro sobre el destino de la economía mexicana y el senador Gustavo Madero propone la acción coordinada de todos los actores políticos para evitar que México caiga en recesión, se oyen voces -quizá más realistas- diciendo que difícilmente habrá grandes reformas porque en medio de un proceso electoral no habrá partido que quiera comprometer sus votos.

Se podrá criticar el programa presentado por tímido e insuficiente o alabarlo por los efectos positivos que promete. Pero lo que hay que reconocer son dos cosas. Primero, que pacto no es porque ninguno de los firmantes comprometió acciones que puedan hacerse valer. Segundo, que el gobierno está asumiendo toda la responsabilidad y el costo del plan anticrisis.

México necesita un pacto, pero un pacto de verdad. Lo necesitaba aun antes de la crisis que hoy azota al país y que ha obligado al secretario de Hacienda a reconocer que en el 2009 el crecimiento del PIB será de 0 por ciento. Un pacto que incluya pero que vaya más allá de un plan anticrisis. Necesita un acuerdo -a la manera del Pacto de la Moncloa- dirigido a "equilibrar la economía con actuaciones a corto plazo y las encaminadas a la realización de importantes reformas que encaucen la economía y la sociedad ... hacia un futuro de libertad y progreso". Un acuerdo que comprenda medidas de carácter presupuestario, de política monetaria, de precios y rentas y de empleo. Un pacto que involucre el compromiso de emprender transformaciones de fondo a través de reformas estructurales como la fiscal, laboral, de competencia, de gasto público, del sistema financiero. Un acuerdo que se plantee eliminar las restricciones u obstáculos al crecimiento. Entre ellas, las que provienen de los privilegios y la corrupción que atraviesan a nuestro sistema.